Tecnologías e Investigación por cultura de paz

El abrazo que asfixia.

Yanomami1

Publicado en el Diario El Universal

“No cabe dentro de los pueblos indígenas alguien que no apoye esta revolución” (sic). La frase es de Aloha Núñez, ministra para los Pueblos Indígenas. La dijo el 12 de octubre de 2013 en un acto de Estado, la Cumbre Mercosur Indígena. ¿Necesita explicación? Acompañada de otras palabras, las del vicepresidente Jorge Arreaza, se perfila mejor la idea: “Nosotros con mucho respeto siempre, pero consideramos como una reflexión lógica, una reflexión también de sentimiento y dignidad que aquel miembro de un pueblo indígena que no tiene la claridad de no estar con la revolución bolivariana es prácticamente un traidor a su pueblo, un traidor a su comunidad”. 

Esto lo dijo el vicepresidente de la República en un evento oficial en 2013 realizado en Puerto Ayacucho, Amazonas. O estás con el chavismo o no eres ciudadano. O estás con el chavismo o no eres digno, eres un traidor: para ser indígena ahora se impone la condición de plegarse incondicionalmente al gobierno. 

Arreaza ahondó en el planteamiento: “Pero hay otros que se disfrazan de indios, de indígenas para tratar de manipular y engañar, incluso hay gobernadores indígenas supuestamente, con sangre indígena que traicionaron a la revolución y traicionaron a los pueblos indígenas. Claridad política compañeros indígenas de toda Venezuela. Visión clara. Aquí está la constitución, aquí está el comandante Chávez, aquí está la revolución de los indígenas. No hay dos caminos, hay uno sólo: Claridad política”. 

Las reveladoras citas están incluidas en “Diagnóstico sobre el derecho a la asociación indígena en Venezuela”, un informe elaborado por la organización civil Laboratorio de Paz, entre octubre de 2013 y febrero de 2014. 

Sus autores la definen como una “investigación exploratoria sobre la situación del movimiento indígena venezolano desde la perspectiva del derecho humano a la asociación. Los datos y conclusiones aquí presentadas resultan de: 1) Seguimiento de las políticas que inciden en el derecho a la asociación indígena y la trayectoria de las organizaciones de los pueblos originarios a partir de la compilación y análisis de legislación, fondos hemerográficos y material textual impreso o en línea producido desde agencias gubernamentales o por actores del movimiento indígena desde 1998; 2) Trabajo de campo a cuatro regiones de Venezuela con población indígena; 3) Entrevistas con 24 representantes de organizaciones indígenas y organizaciones aliados de la causa indígena, ambientalistas y académicos, incluyendo dirigentes vinculados a organizaciones civiles de representación indígena, 4) Revisión de literatura académica relacionada con el movimiento indígena venezolano”. 

82% de las fuentes consultadas para ese trabajo afirmaron haber sufrido “algún tipo de injerencia en los fines de la asociación por parte del estado venezolano”. 

Pero las explicaciones de algunos expertos en el tema ilustran con mayor claridad. 

Lusbi Portillo, por ejemplo. El coordinador de la ONG Homo et Natura explica: “A nadie se le niega que pueda hacer una asociación lícita como dice la ley, pero en la práctica hay muchos obstáculos. Hay una fórmula de parte del gobierno de quienes son los lícitos, quienes son los que son reconocidos, quienes son los que no van a tener problemas. ¿Quiénes son? Los que ellos estructuran que están dentro del proceso revolucionario”. 

El antropólogo y rector de la Universidad Indígena de Tauca (Bolívar), Esteban Emilio Mosonyi refuerza el planteamiento: “Una tesis que no está escrita pero que sí está en el ambiente dice ‘yo gobierno te reconozco como indígena, pero a partir de ahora como recompensa de ese reconocimiento que te di pues te exijo lealtad absoluta, una transformación para que te integres al esquema revolucionario que estamos propiciando, no a nivel indígena sino a todo el Estado. Te reconocí, pero te reconocí para eso: Para que seas uno de los nuestros, no para formar tu proyecto independiente?”.

Mosonyi agrega algo más, descrito en el documento como la “colisión” de dos racionalidades diferentes, la indígena y la revolucionaria: “Las revoluciones actúan, y así han sido todas las revoluciones hasta ahora, de forma apresurada. Eso los obliga a ser poco considerados hacia la diversidad aunque se llenen la boca hablando del respeto al otro, a lo diverso. Como quieren ver los resultados -inmediatamente-, quieren convertir a Venezuela en el “país más feliz del mundo” en dos o tres años, eso simplifica demasiado sus métodos y establece una uniformidad de criterios que es absolutamente incompatible con un verdadero renacer de lo diverso indígena, de lo diverso afrodescendiente, incluso de lo diverso campesino”. 

Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (Ciudad Bolívar) también dio sus impresiones al respecto: “Quizás en otros tiempos se disfrazaba un poco más, pero ahora no: Eres amigo o enemigo, o estas o no estás, o me conviene o no me conviene. Muchas veces se trata de conveniencias y se violan todos los tratados de derechos humanos”. 

La clave de este planteamiento va más allá de la denuncia de una situación que se replica desde hace mucho tiempo en otros espacios: aquí se trata -y así lo plantea esta ONG que trabaja en infoactivismo e investigación para la cultura de paz y la desmilitarización del país- de la presión constante para que los indígenas abandonen sus estructuras de organización tradicionales y conformen otras que encajen en el esquema gubernamental. 

Y en este punto entran en juego los consejos comunales

Desplazar, desplazar

El líder pemón Alexis Romero coincide con otros entrevistados en este informe en que el propio Ministerio para los Pueblos Indígenas, Minpi, favorece e impulsa la sustitución de la organización tradicional. Claro, obedece a una política de Estado, al interés del Gobierno: “El trabajo del MINPI ha sido favorecer los Consejos Comunales, desconociendo totalmente las organizaciones indígenas”, señaló. 

Pero, ¿cuál es el problema con los consejos comunales? De acuerdo al informe, la pretensión de imponer este modelo constituye la mayor y más preocupante violación al principio del derecho a la asociación sin injerencia del Estado. Y los consejos comunales gozan de preferencias frente a cualquier otra forma de organización. 

Guillermo Guevara, coordinador del partido Pueblos Unidos Multiétnicos del Amazonas, Puama, aporta un ejemplo concreto: “Hay una degeneración en la creación de las comunas donde hay serios problemas así como en los CC indígenas. Eso es una desviación total de las cosas, de las autoridades tradicionales. Vamos a suponer que un joven de 15 años es presidente de un CC de tal comunidad, el jefe que está ahí, el cacique, es ignorado. Entonces pugnan el ejercicio del poder entre el jefe de la comunidad y el nuevo que está entrando, pues tiene los recursos, el dinero y las otras cosas que le dan. Comienza el resquebrajamiento de sus relaciones”. 

Los autores del informe presentan el marco general del problema con la figura del consejo comunal en el ámbito indígena: “La Ley de CC determina una nueva estructura de micro gobierno sobre una nueva forma de organización societaria. Establece sus estructuras, funciones, relaciones, fines y la toma de decisiones. Es decir, se obvia cualquier estructura tradicional de deliberación, jurisdicción, constitución, prácticas y toma de decisiones. No es la comunidad o el pueblo dependiendo de su conformación quien discute y determina lo mejor para su comunidad sino esta nueva delimitación geográfica y poblacional que se establece como micro sociedad y formaliza una nueva estructura de microgobierno de funcionamiento”. 

El plan, sin embargo, avanza. Para 2013 ya existían 2.685 consejos comunales indígenas registrados en el Ministerio de las Comunas y Protección Social. 

De modo que en la práctica se ha visto el funcionamiento, con sus pro y sus contra. La periodista Natalie Vásquez, dedicada a los temas indígenas en el estado Bolívar lo explicó así: “Han estimulado las que son pro-gobierno y -el gobierno- ha interferido en las que ya han estado constituidas. Entonces es un juego: los que están a favor del gobierno sí les entregan ciertos recursos, les dan ciertas ayudas, los llevan a ciertas actividades, y los que no los excluyen”.

El líder piaroa Guillermo Arana aporta matices: “Las críticas eran que con el tiempo eran para desplazar a las organizaciones autónomas, desplazar a las autoridades tradicionales. Ya no se hablaba del Consejo de Ancianos, se hablaba del vocero, a veces impuesto, a veces el que estaba de acuerdo con allá arriba. Esa es la parte negativa. Positiva era que recursos directos, administración directa, transparencia en la ley, seguimiento, fiscalización, aprobación en la asamblea de de ciudadanos y ciudadanas, eso no se cumple. Esa parte nosotros estamos muy cuesta arriba en el sentido de agarrar esa estructura y hacerla valer, porque allí se podía tener una conexión directa con el Estado a las comunidades. Eso no es así. Mucha gente la ha desviado por sus intereses Eso ha originado divisiones en las comunidades, peleas internas, lejos de hacer el trabajo por el bienestar social es promover la confrontación. Eso es lo malo”. 

Este asunto de los consejos comunales es un aspecto de un marco aun más vulnerado según el diagnóstico de Laboratorio de Paz. 

Los indígenas representan apenas 2,8% de la población del país: 724 mil 592 personas. Es un hecho cierto el reconocimiento que en el papel tienen los pueblos originarios tanto en la Constitución como en otros cuerpos normativos a partir de decisiones impulsadas durante el Gobierno de Hugo Chávez. Pero eso hoy resulta opacado por una realidad en la que la organización tradicional indígena lucha para no ser desplazada por fórmulas políticas que no discuten temas importantes como la demarcación de sus tierras y el cierre de canales reales de participación en decisiones que van más allá de pedir o de recibir una que otra dádiva. 

Participar no es pedir: ahí está el detalle.

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